El imputado Miguel José Moya trabajó en gestiones ante los acusados del caso de sobornos de la empresa Norberto Odebrecht, con la intención “de bajar el volumen” de la campaña mediática que, supuestamente, estos tenían contra la Procuraduría General de la República.

“Con relación al caso me encuentro que los implicados hicieron una estructura informativa para enfrentar la estrategia que había hecho la Procuraduría, los imputados tenían 6 o 7 estructuras de respuesta mediática”, indicó Moya a los fiscales que le investigaron y según ha podido confirmar este diario.

“Mi recomendación a la Procuraduría es desmontar todo ese marketing en torno al caso Odebrecht, para evitar que esa campaña de destratación continuara, de ambos lados. Se suponía que me hiciera caso pero había otras acciones que interferían con nuestro trabajo”, ha dicho a los investigadores.

Miguel José Moya y su empresa, Desarrollo de Individuo y Organización (DIO), obtuvieron hasta 6 contratos de la Procuraduría en la gestión de Jean Alain Rodríguez. Los pagos y las facturas se generaban en base a la impartición de cursos y talleres de formación, los cuales ha dicho que no dio y por los que le pagaron 19.6 millones de pesos.

Lo que Moya dice que sí hizo fue “una estrategia de recuperación reputacional similar a la de recursos humanos, pero ya para temas externos”.

“Para temas externos, eso incluía un diagnóstico de la institución y de quien la dirige y un plan de acción y respuesta a ese diagnóstico. Ese plan abarcó una estrategia general, que yo traje el documento, que se titula PGR 2020 Transformaciones-Consecuencia-Compromiso”, dijo.

Moya dijo que hizo contactos con Ángel Rondón, con Víctor Díaz Rúa, Temístocles Montás y con Conrad Pittaluga. “Esas mediaciones fueron todas fuera de la Procuraduría y nunca fui a solas.

Fueron en la casa de los acusados y todas se dieron en presencia de familiares de ellos, excepto de la de Temístocles y la de Conrad, que fueron sin presencia de familia, la de Conrad fue sin familia a petición del periodista Víctor Bautista”, dijo.

Señaló que su petición en esas reuniones era que bajaran el volumen de la campaña mediática que tenían en contra la Procuraduría General. “No les ofrecía nada más allá de demostrarles que todas esas campañas tenían el efecto en la opinión pública contrario hacia ellos”, dijo a los fiscales.

Su declaración terminó de la siguiente manera: “Le reitero además que no existen compromisos éticos, morales, emocionales ni económicos que me obliguen a una lealtad incondicional con el procurador Jean Alain Rodríguez, mi compromiso era institucional, no personal”.

La cabeza del supuesto entramado de corrupción es Jean Alain Rodríguez, quien se encuentra apresado dentro de los trabajos de la denominada “Operación Medusa”. Le acompañan Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Rafael Antonio Mercede Marte.

Los contratos
Moya, habría logrado al menos seis contratos con la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2018 y 2020, que tuvieron un valor total de RD$19,683,600.

Esto de acuerdo con el documento de solicitud de allanamiento, a la firma de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), donde los fiscales explicaron la estructura de pagos a esta supuesta red de corrupción.

El primer contrato fue firmado el 16 de febrero de 2018, con la Procuraduría General de la República (PGR), siendo representada por el implicado en la Operación Medusa, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y Moya dando la cara por la compañía Desarrollo, Individuo & Organización (DIO), SRL.

El acuerdo fue suscrito para que Moya, asesor del también acusado Jean Alain Rodríguez durante su gestión al frente del órgano persecutor, lleve a cabo una serie de talleres de capacitación al personal de la referida institución.

Este tenía un valor que rondaba los 3.7 millones de pesos, y fue pagado en tres cuotas de unos 1.2 millones de pesos, los días 27 de marzo, 4 de mayo y 22 de junio del 2018.

Lo anterior era el patrón utilizado por el grupo, según el Ministerio Público, y consistía en el requerimiento de una empresa que realizara diversos cursos y talleres, adjudicados siempre a DIO SRL, que ganaba por procesos de comparación de precios, se firmaba el contrato con la autorización de Rodríguez Imbert, exdirector financiero de la PGR, y del propio Jean Alain Rodríguez.

Esto se repitió con el contrato del 18 de junio de 2018, que sirvió como renovación del contrato pasado por la misma cantidad, que igualmente fue dividido en tres pagos distintos, aunque en esa ocasión fueron efectuados, el 18 de octubre del mencionado año.

SEPA MÁS

Antecedentes.
Rodríguez Imbert elaboró un documento de reconocimiento de deuda, donde aseguraba que DIO SRL realizó talleres de integración entre el 15 de agosto y el 15 de octubre del 2018, estipulando que la deuda por esos trabajos ascendía a RD$2,485,600.

Ya en febrero de 2019 fue rubricado otro contrato de servicio de capacitación especializada, con un precio igual a los dos que le precedieron y que fue pagado el 28 de marzo siguiente usando el modus operandi acostumbrado: cuotas de RD$1.2 millones.

A mediados de diciembre próximo desde la PGR se emitió un cheque de RD$1,242,800, bajo el concepto de “talleres de integración para fortalecer el clima laboral