El expelotero de Grandes Ligas Sammy Sosa fue interrogado por segunda vez en la Procuraduría General de la República por una supuesta relación con algunas de las empresas del entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Antipulpo y dijo que hasta el momento ha recibido buen trato por parte de las autoridades.

El exbeisbolista se negó a profundizar en las declaraciones a su salida, dejando la responsabilidad a sus representantes legales, los cuales no quisieron expresarse al respeto.

“No puedo hablar, he recibido un buen trato”, expresó Sosa En la Procuraduría fue interrogado por los procuradores adjuntos, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Ni el imputado ni sus abogados, Emery Rodríguez y Julio Cury, dijeron si el exdeportista debería volver a la sede del Ministerio Público

Sammy Sosa y uno de sus hermanos son mencionados dentro del expediente del supuesto entramado de corrupción, por alegados vínculos que el exdeportista tuvo con la empresa propiedad de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, sindicado como el cabecilla en la Operación Antipulpo.

El presunto fraude del caso Antipulpo aumentó de cinco mil millones a 10 mil millones, según confirmó la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reinoso, en el transcurso de la investigación.

La Pepca establece que una de las empresas de Medina había autorizado a Sammy Sosa, el 31 de octubre del 2017, para que gestionara un préstamo o una línea de crédito de US$10 millones ante una entidad bancaria dominicana.

Supuestamente, Sosa tenía la autorización para firmar cualquier tipo de documentación que fuese necesaria a dichos fines, así como disponer de la suma de dinero como entendiera pertinente.

En la misma fecha, un hermano del expelotero fue autorizado para abrir una cuenta en el Brickell Bank de los Estados Unidos para solicitar un préstamo o una línea de crédito de US$4 millones.

Hasta el momento contra Sammy Sosa y a su hermano no han presentado cargos.Implicados

Alexis Medina está en prisión acusado de ser el principal cabecilla de la red que se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del expresidente Medina, para enriquecerse a costa de los recursos de los contribuyentes.

Además de Medina Sánchez están imputados en este proceso José Dolores Santana Carmona, Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper) y Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez.

A Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), así como a Julián Suriel Suazo, les fue variada la prisión preventiva por arresto domiciliario por colaborar con la investigación del Ministerio Público.

Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, seguirá cumpliendo arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y exvicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.

El excontralor general Rafael Antonio Germosén continúa en arresto domiciliario, en tanto que Domingo Antonio Santiago, otro de los imputados, acusado de ser prestanombres del cabecilla de la red de corrupción, continuará con la presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público