En un magistral articulo del periodista Fausto Rosario Adames para el periodico Acento.com.do señala la participación directa que tiene el GPC con las instituciones del IDAC y la TSA al emitir una »sentencia» en contra del AIB que ni siquiera conocen sus directivos y mucho menos los abogados del AIB, y que solo los que trabajan para el Grupo Punta Cana como el caso del Sr. Simon Suarez conocian la »supuesta» información para difundirla a los medios nacionales.

Grupo Punta Cana no es parte del proceso, pero ya tiene una sentencia  y la distribuye en los medios- que rechaza el recurso contencioso del AIB contra decisión del IDAC, y afirma que este es el tiro de gracia contra el proyecto de su competencia.

Simón Suárez, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Punta Cana International Airport, empresa propietaria de la Corporación Aeroportuaria del Este (Aeropuerto de Punta Cana), remitió una comunicación que contiene la reciente decisión del Tribunal Superior Administrativo, y que según él  “asesta un golpe de gracia” al proyecto de Aeropuerto Internacional de Bávaro, aprobado en la pasada administración y que ha tenido varios obstáculos en la administración del presidente Luis Abinader.

Una carta remitida a Acento, firmada por Suárez y que anexa una copia de la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, informa que fue rechazado el recurso de nulidad presentado por el Aeropuerto Internacional de Bávaro, a través de su abogado Enmanuel Esquea Guerrero, a la resolución del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) que declara lesivo al interés nacional el inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro.

En su carta, Simón Suárez, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Grupo Punta Cana, explica que son tres ya las sentencias del Tribunal Superior Administrativo contra el Aeropuerto Internacional de Bávaro, y en el caso de la última decisión, dice que fue el resultado del voto unánime de los tres jueces de la Segunda Sala del TSA, Antonio Sánchez Mejía, Cecilia I Badía Rosario y Franny Manuel González Castillo.

El Grupo Punta Cana ni el Aeropuerto Internacional de Punta Cana son parte de este proceso entre el Instituto Dominicano de Aviación Civil y el Aeropuerto Internacional de Bávaro. Sin embargo, Simón Suárez ofrece una explicación importante sobre cómo marcha este proceso, cuando afirma que, “para evitar tropiezos jurídicos, la declaración de lesividad por parte del IDAC se ciñó a la comunicación número 2293, de fecha 11 de agosto del año 2020, dictada por ese mismo organismo, que formaliza el inicio del proceso de construcción y fiscalización del AIB. La invalidez de la comunicación deja en el aire el proyecto del AIB”. Se suplanta o se sustituye al IDAC, al tiempo que se justifica su actuación y se trata de ocultar las debilidades de sus decisiones. Sin que nadie se lo pida.

El Grupo Punta Cana y el Aeropuerto Internacional en realidad ven una potencial competencia por parte del proyecto que desea instalarse, con fondos privados, para ampliar la oferta aeroportuaria de la República Dominicana, especialmente en el este del país. ¿Cómo sabe Simón Suárez que la declaración de lesividad del IDAC contra el AIB se ciñó a una comunicación? ¿Y no le corresponde al propio IDAC dar su explicación sobre cómo evitar los llamados «tropiezos jurídicos»? ¿Es Simón Suárez abogado para identificar los posibles «tropiezos jurídicos» de las decisiones del IDAC? Y aún fuera abogado ¿le corresponde a una empresa privada que él representa brindar un auxilio tan claro a un organismo estatal en sus decisiones para cerrar el paso a un proyecto privado?

En su carta, Simón Suárez, como representante del ente privado que sería competencia del AIB, y sustituyendo a las autoridades del gobierno y a los propios jueces, explica que ahora, luego de la sentencia del TSA, «se paraliza de manera indefinida el proyecto y se ratifica una serie de requerimientos que eventualmente deben ser cumplidos para una reconsideración del permiso”.

Sostiene que ahora los patrocinadores del AIB están impedidos de “desarrollar el proyecto” y recalca que la función del IDAC es disponer “todo lo concerniente a la construcción y operación de los aeropuertos públicos y privados en el país, lo que deja al AIB en un curso de colisión con la agencia estatal de aeronáutica”.

Quien no quiere la competencia aeroportuaria, porque prefiere el monopolio, es quien decide y califica los roles de las instancias públicas en materia aeroportuaria. 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Explica Simón Suárez que la decisión del TSA es ampliamente sustentada y deja en entredicho la posibilidad de que el aeropuerto de Bávaro pueda obtener la aprobación oficial en vista de que ha incumplido con los requerimientos.

La sentencia fue dictada el 28 de enero de este año. El recurso contencioso del Aeropuerto Internacional de Bávaro fue presentado el 20 de enero del 2021, contra una resolución que declara la lesividad del proyecto del 22 de diciembre del 2020. El 20 de enero del 2021 se otorgó a las partes un plazo de 30 días para presentar escritos de defensa. El 14 de abril el IDAC fue puesto en mora y se le dio un plazo adicional de 5 días para producir su escrito de defensa. El escrito de defensa fue depositado el 28 de mayo de 2021. Nunca hubo audiencia y en tiempo récord el TSA emitió la decisión, que primero llegó a las manos de la competencia del AIB, y todavía no llega a los que presentaron el discurso. ¿Deberán preocuparse los jueves del TSA?

Simón Suárez resume la sentencia diciendo que la interpretación del TSA establece que “si el proyecto reduce, constriñe o limita la capacidad operativa y comercial de los aeropuertos circundantes” no puede ser conocido porque los patrocinadores del AIB nunca presentaron estudios de viento ni estudios de temperatura para definir la dimensión de la pista por un período de cinco años exigidos por el RAD-14.

Simón Suárez finaliza su carta dirigida a Acento con la siguiente expresión: “Dado que un aeropuerto privado implica al Estado por la prestación de servicios que requerirán de fondos públicos, de manera novedosa la sentencia sitúa tales proyectos en el campo de las alianzas público-privadas, cuya dirección general considerará los documentos requeridos…”. Es decir, que desde ahora ya no podrá establecerse ningún aeropuerto privado, sino como parte de una alianza público-privada, debido a que el Estado debe invertir en servicios, seguridad y otras obras, como ocurre con todos los aeropuertos del mundo.

El representante del Aeropuerto Internacional de Bávaro dijo a Acento que aún está a la espera de que el TSA entregue una copia de la sentencia al doctor Enmanuel Esquea Guerrero, quien la sigue solicitando y todavía no la consigue. Ya los medios de comunicación tienen copias de la sentencia desde hace tres días, distribuidas por el vicepresidente de Relaciones Institucionales de Punta Cana International Airport, Simón Suárez, en nombre de la empresa Corporación Aeroportuaria del Este, que no es parte del proceso, pero que es parte muy interesada. De tanto interés como si fuera de vida o muerte.