La Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrati­va (PEPCA) estableció que apartándose de sus res­ponsabilidades, miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguri­dad Turística (Cestur), se dedicaron a sustraer di­nero a través de un sinnú­mero de maniobras frau­dulentas detalladas en la acusación en contra de los involucrados en el caso Coral y Coral 5G.De acuerdo a la acusa­ción que será conocida por la jueza del Sexto Juz­gado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yani­bet Rivas, los fondos eran sustraídos del dinero dedi­cado a inteligencia, racio­nes alimenticias, combus­tibles y nóminas, además de que la estructura cri­minal sustrajo fondos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani)

Conforme con el ministe­rio público, el entrama­do societario tenía como principal cerebro financie­ro y administrador de las propiedades al coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, quien fungía como gerente financiero a la vez en el Cestur, Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y posteriormente en el Conani, durante los úl­timos 4 meses del gobierno de Danilo Medina (2016-2020).

Indica que Núñez de Aza se encargaba de desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente fi­nanciero por sus directores, y adquiere para estas pro­piedades muebles e inmue­bles, además de cubrir los gastos personales y familia­res de estos.

Considera el ministerio pú­blico que estas conductas, además de ser delito, son actividades que lesionan la calidad de vida y la dig­nidad de miles de oficia­les subalternos y alistados, que día tras día ven como su poder adquisitivo se re­duce y su situación econó­mica, empeora, a causa de salarios que no se corres­ponden con la realidad de las funciones que desempe­ñan.Sostiene la acusación que las propiedades millonarias que adquirieron los acu­sados ascienden a más de cuatro mil millones de pe­sos, monto que permite te­ner una idea del impacto de esta estructura criminal en el presupuesto de las insti­tuciones afectadas.