El “nuevo El Salvador” de Bukele: militarizar la educación, menores juzgados como adultos y más años de prisión

Elige ministra de Educación a la capitana Karla Trigueros, que “ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso para impulsar una transformación en nuestro sistema educativo”

La educación de El Salvador estará dirigida por la capitana del ejército Karla Trigueros, quien ha sido nombrada nueva ministra de esta cartera días antes de que la Asamblea Legislativa aprobara modificar la ley contra el crimen organizado. Ésta va a permitir que los menores de 18 años puedan ser juzgados como adultos en caso de que estén involucrados en las pandillas.

Además, a partir de ahora, se podrá mantener la prisión provisional por dos años adicionales, es decir, la Fiscalía tendrá de plazo hasta agosto de 2027, prorrogables hasta 12 meses más para presentar sus acusaciones contra quienes hayan sido detenidos bajo el régimen de excepción que se ha prorrogado mensualmente en 41 ocasiones desde que entró en vigor en marzo de 2022 en el marco de la particular guerra contra las pandillas de Nayib Bukele.

Éstas son las últimas medidas del “nuevo El Salvador’ que el presidente asegura estar construyendo, para lo cual remarca que “debemos romper paradigmas” como nombrar como ministra a una militar y doctora que “ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo“.

Desde que salió reelegido para un segundo mandato en febrero del pasado año, Bukele ha impulsado iniciativas legislativas que perpetúan no solo sus medidas represivas contra las pandillas, sino también su afán de continuar en el poder. Hace unas semanas, la Asamblea Legislativa daba luz verde para que pueda ser reelegido indefinidamente tras aprobar la reforma de cinco artículos de la Constitución, algunos de los cuales impedían la reelección presidencial.

El pasado viernes, la Asamblea Legislativa volvía a pasar el rodillo y aprobaba con 57 de los 60 diputados expandir el plazo para que una persona pueda estar detenida sin ser juzgada bajo el régimen de excepción, teniendo en cuenta el volumen sin precedentes de arrestos, que alcanzan los 88.750, de los cuales 8.000 han sido de personas inocentes que ya han sido liberadas. Precisamente, este mes de agosto concluía el plazo de 24 meses en el que podían ser procesados desde su detención, de acuerdo a la ley anterior modificada en julio de 2023.

Antes de la reforma de esa normativa, el artículo 5 del Código Procesal Penal establecía que la prisión provisional duraba un máximo de 12 meses para delitos menores y 24 para graves.

Una de las principales reformas legislativas contempla que los menores de 18 años que hayan sido capturados bajo el régimen de excepción y que, según la Fiscalía, estén ligados a estructuras de pandillas, serán juzgados por jueces de adultos, a propuesta del ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.

Actualmente, se desconoce a cuántos menores capturados bajo el régimen de excepción afectará esta medida, si bien hasta julio de 2024, había 645 adolescentes en los distintos centros de adaptación a nivel nacional, según el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. En febrero de este año, la Asamblea también aprobó una reforma a la Ley Penal Juvenil para que puedan ser trasladados a centros penales para adultos.

Uno de los principales baluartes de la política represiva de Bukele ha sido el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien ya ha presentado 230 acusaciones grupales contra la Mara Salvatrucha y 295 contra el Barrio 18, lo que permite juzgar en conjunto a miembros de células criminales detenidos en los mismos operativos. Delgado reconoce que ha sido tal la cantidad de personas detenidas durante el régimen de excepción, que serían incapaces de juzgarlas de manera individual.

BUKELE IGNORA LAS CRÍTICAS

La política de mano dura de Bukele no se ha traducido en una agilización de los procesos judiciales para solventar la situación legal de miles de personas detenidas que, a partir de ahora, verán aún más lejos la posibilidad de ser juzgadas y liberadas en caso de demostrarse que son inocentes.

Bukele ha hecho oídos sordos a todo llamamiento internacional para poner fin al régimen de excepción. El jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de El Salvador a “adoptar las medidas pertinentes” para la terminación del régimen por su “indebida aplicación” en casos no relacionados con el crimen organizado.

Pese a que la CIDH reconoce que se tiene información de que El Salvador ha reducido la criminalidad sin precedentes, contabilizando 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses, alerta que el régimen de excepción, que suspende derechos y garantías de la población, constituye un “mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común”.

Esta denuncia se suma a la de organizaciones humanitarias que han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. Además, han contabilizado más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia. Estos llamamientos son ignorados por Bukele, quien sigue contando con un amplio respaldo de la población que avala su guerra contra las pandillas y que abre la posibilidad de un futuro tercer mandato.

Fuente: El Mundo.