Justiniano Montero asume la presidencia de la Suprema Corte con apuesta por modernizar la justicia dominicana

SANTO DOMINGO. – La transformación digital y el fortalecimiento de los servicios judiciales figuran entre los principales desafíos que acompañan la llegada de Justiniano Montero Montero a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien asume sus nuevas funciones con una agenda orientada a modernizar el sistema judicial de la República Dominicana.

Su designación fue realizada por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el pasado 2 de noviembre, en sustitución de Luis Henry Molina, quien estuvo al frente del máximo tribunal durante los últimos años.

Montero cuenta con una trayectoria de más de dos décadas dentro de la carrera judicial y su elección representa la llegada de un juez de carrera a la dirección de la Suprema Corte, en un momento en que el sistema de justicia enfrenta importantes retos relacionados con la tecnología, la eficiencia administrativa y el acceso de los ciudadanos a los tribunales.

La justicia digital, uno de los principales desafíos

Uno de los aspectos centrales de la agenda de modernización está relacionado con la ampliación de los servicios judiciales digitales, una herramienta que busca reducir los tiempos de tramitación, facilitar las gestiones de abogados y ciudadanos y mejorar el funcionamiento de los tribunales.

En ese contexto, cobra especial relevancia la reciente promulgación de la Ley 87-26, que modifica varias disposiciones de la Ley 339-22 sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial.

La nueva legislación establece la tramitación digital como modalidad prioritaria, al tiempo que incorpora mecanismos para fortalecer la autenticidad, seguridad y transparencia de los procedimientos electrónicos.

Entre sus principales novedades se encuentra el reconocimiento de la firma digital y electrónica cualificada para la validación de sentencias, resoluciones y otros documentos judiciales, sin necesidad de certificaciones adicionales.

También contempla la utilización de expedientes electrónicos, buzones judiciales digitales y plataformas tecnológicas que permitan dar seguimiento a las actuaciones de los tribunales.

Nuevos mecanismos para fortalecer los procedimientos

Otro de los cambios importantes introducidos por la Ley 87-26 es la creación de un sistema digital de georreferenciación para respaldar las diligencias realizadas por los alguaciles.

Esta herramienta permitirá registrar en tiempo real la fecha, hora y ubicación geográfica de cada actuación procesal, con el propósito de garantizar una mayor trazabilidad y facilitar la verificación de los procedimientos.

La normativa también amplía las posibilidades de celebración de audiencias virtuales en distintas materias, con excepción de la penal, salvo los casos expresamente contemplados en la propia legislación.

Sin embargo, la transformación tecnológica no supondrá la eliminación de la atención presencial. La ley garantiza que las personas que no dispongan de equipos, conectividad o conocimientos tecnológicos puedan continuar realizando sus gestiones directamente en las instalaciones judiciales.

Los retos de la nueva administración

Además de la modernización tecnológica, la nueva presidencia tendrá que dar continuidad a los esfuerzos para reducir la mora judicial, mejorar la capacidad de respuesta de los tribunales y garantizar que los procesos se desarrollen dentro de plazos razonables.

La transparencia institucional, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de la confianza ciudadana también forman parte de los temas fundamentales para el funcionamiento del sistema judicial.

El desafío será lograr que las herramientas digitales se traduzcan en beneficios concretos para la población, especialmente para quienes necesitan respuestas oportunas a sus procesos legales.

Con la llegada de Justiniano Montero Montero, la Suprema Corte de Justicia inicia una nueva etapa institucional en la que la modernización, la tecnología y el fortalecimiento del acceso a la justicia ocuparán un lugar importante en la agenda del Poder Judicial dominicano.