Abraham Hazoury a Grupo Puntacana y al IDAC: Paren los abusos contra el AIB

Abraham Hazoury, principal impulso del Aeropuerto Internacional de Bávaro, declaró que por las actuaciones del Grupo Puntacana y del Instituto Dominicano de Aviación Civil, no sabe en este momento qué lo motiva más, si el desarrollo del proyecto empresarial para beneficio del país, o la oportunidad que le dan para “desenmascarar y evidenciar una de las mayores farsas y simulaciones de la historia de la República Dominicana”.

La reacción del empresario ocurre 16 días después de que este medio diera a conocer el contenido de una carta de Simón Suárez, vicepresidente del Grupo Puntacana, en relación con la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Superior Administrativo, rechazando el recurso presentado por el Aeropuerto Internacional de Bávaro, contra la resolución del IDAC que declaró ese aeropuerto como lesivo al interés nacional.

“Debo confesar, señor director, que paso por un momento de confusión. No se que me motiva más, el desarrollo de un proyecto tan ilusionante y positivo para la región este y nuestro país como el Aeropuerto Internacional de Bávaro, o la oportunidad que me dan estos rufianes para desenmascarar y evidenciar una de las mayores farsas y simulaciones de la historia de la República Dominicana”. Así se expresa Hazoury en una carta dirigida al director de Acento, y fechada este 27 de febrero.

La comunicación afirma que, supuestamente, el IDAC se ha adherido a la posición del Grupo Puntacana, corporación que desde hace varios años defiende por todos los medios el monopolio y control del sector aeroportuario del país.

Hazoury se refiere a Simón Suárez como un subalterno del principal propietario del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, a quien no menciona nunca por su nombre en la comunicación.

Hazoury expresa: “Debe entender el Grupo Puntacana que sus actuaciones y las acciones llevadas por el IDAC en la exclusiva defensa de sus intereses, a quien ha asestado realmente un golpe de gracia es a la libre competencia, a la seguridad jurídica, al estado de derecho y a la continuidad del Estado en la República Dominicana. Lo que hoy celebra dicho grupo empresarial como un éxito de su alevosa autoría será verdaderamente lesivo a nuestro país, a sus ciudadanos y a los grandes esfuerzos del Gobierno del Presidente Abinader por atraer inversionistas internacionales y nacionales para que participen en nuevos proyectos privados y bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP)”.

Le recomienda al Grupo Puntacana y a Simón Suárez “mayor prudencia”, porque el país aún se mantiene en una crisis y advierte que la connivencia de grupos empresariales con políticos podría desatar consecuencias mayores: “Hago al Sr. Suarez y a su patrón esta sincera recomendación, acerca de los procesos sociales que se avecinan en el mundo, porque estoy más que convencido de que serán comparables con la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Bolchevique de 1917, como consecuencia de las desigualdades y deuda social acumuladas que se han evidenciado ostensiblemente durante la pandemia”.

Finalmente, la carta de Hazoury explica que el Grupo Puntacana puede ser objeto de estudio.

El párrafo dice así: “Conociendo como conozco las interioridades y ligerezas de quien representa el Sr. Suárez, les recomiendo detener sus abusos de poder, para evitar convertir Grupo Puntacana en sujeto de un estudio de caso por parte de toda la sociedad, sobre lo que representa, supone y constituye la evasión, el enriquecimiento ilícito a costa de fondos públicos, el fraude y la impunidad”.

Santo Domingo, 27 de febrero de 2022

Sr. Fausto Rosario Adames

Director

Diario Acento

Estimado Sr Director,

Hoy día 27 de febrero, en que conmemoramos los logros de nuestra nación y a los héroes de nuestra Patria, le dirijo la presente en relación a la comunicación remitida a usted el 10 de febrero pasado por el Sr. Simón Suárez, en calidad de Vicepresidente de Relaciones Institucionales de Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Punta Cana International Airport, y publicada en ese diario en 11 de febrero de 2022.

Deberíamos manifestar nuestra sorpresa ante el hecho de que una persona jurídica Grupo Puntacana y sus empresas vinculadas, tengan en su poder una sentencia correspondiente a un proceso judicial del que no son parte, antes de que ésta haya sido comunicada a quien inicia las acciones judiciales, todo ello en un estado democrático y de derecho como el que aspira a ser la República Dominicana.

Sin embargo, nada nos sorprende después de haber sido testigos de primera mano de hasta donde llegan los tentáculos de Grupo Puntacana, en su inagotable afán por apropiarse y controlar el sector aeroportuario dominicano a través de sucesivas y cuestionables maniobras llevadas a cabo desde su fundación.

El Aeropuerto Internacional de Bávaro ha sido el resultado de un detallado y completo análisis desde los puntos de vista de oportunidad, técnico y legal, a cargo de los promotores del proyecto, con el apoyo de empresas y profesionales nacionales e internacionales de amplio prestigio, en el que las diferentes autoridades públicas ejercieron ampliamente sus respectivas funciones reguladoras y de control.

Este proceso se vio materializado mediante autorizaciones y aprobaciones, en cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 26 de la Ley núm. 491-06, de Aviación Civil, en virtud del cual, las únicas autoridades llamadas a intervenir a ese efecto lo hicieron a través de los siguientes instrumentos:

El Instituto Dominicano de Aviación Civil emitió su autorización mediante la Comunicación 1913, de 2 de julio de 2020, dirigida al Presidente de la República, adjuntando el Oficio DVSO-241-20, de 16 de junio de 2020 y sus anexos técnicos motivando adecuadamente su decisión.
El Presidente de la República, emitió su aprobación mediante el Decreto 270-20, de 21 de julio de 2020, habilitando el Aeropuerto como puerta de entrada y salida a nuestro país.
La relación contractual entre el Estado Dominicano y Aeropuerto Internacional de Bávaro S.A.S. queda establecida mediante el Contrato suscrito el 28 de julio del 2020, donde el Estado, representado por el Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, “…otorga su autorización a LA COMPAÑÍA, tan amplia y suficiente como fuere necesario, para el establecimiento, desarrollo, construcción, operación y explotación económica del Aeropuerto Internacional de Bávaro…”

Es esencial recordar que todas las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo destacan el contrato como un hecho no controvertido y aclaran que su contenido no afecta al mismo ni al Decreto 270/20 que le sirve de soporte.

El proceso fue tutelado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo que, en 10 de julio de 2020, emitió un amplio informe de 47 páginas donde se aclaraban los aspectos técnicos y jurídicos, así como las modalidades contractuales y de relación entre el Estado y los diferentes aeropuertos privados y concesionados existentes en nuestro país.

La abierta oposición de Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y Grupo Puntacana, su principal accionista, en la defensa de un irritante monopolio que choca con los principios de libertad de empresa e igualdad de oportunidades consagrados en nuestra Constitución, se ha ejecutado mediante la interposición de recursos y denuncias falsas ante las diferentes autoridades.

Pese a haber cumplido todos los requerimientos técnicos y legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico, con la llegada de nuevas autoridades al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se ha llevado a cabo el uso de la autoridad pública para impedir la puesta en marcha del proyecto y desconocer los derechos contractuales de Aeropuerto Internacional de Bávaro.

Para ello las autoridades del IDAC, tras hacer caso omiso a las comunicaciones y ofrecimientos realizados por Aeropuerto Internacional de Bávaro, iniciaron un proceso para declarar lesivo al interés público el proyecto, en una inexplicable dejación de su función como regulador y principal promotor de la actividad aeronáutica de nuestro país.

Todo esto sin que el IDAC aun haya argumentado una sola razón técnica que cuestione las aprobaciones emitidas y sin que, como es preceptivo, haya justificado como el Aeropuerto Internacional de Bávaro es lesivo al interés público.

En palabras de Simón Suárez en la comunicación precitada, “para evitar tropiezos jurídicos, la declaración de lesividad por parte del IDAC se ciñó a la Comunicación 2293, de fecha 11 de agosto, dictada por ese mismo organismo, que formaliza el inicio del proceso de construcción y fiscalización del AIB…”

Esa Declaratoria de Lesividad, llevada a cabo vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa de AIB, ha sido acogida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, quien, en palabras del Vicepresidente de Relaciones Institucionales de Corporación Aeroportuaria del Este, con esa decisión “…asesta ungolpe de graciaal proyecto al disponer la autoridad judicial la paralización indefinida del proyecto y ratificar una serie de requerimientos que eventualmente deben ser cumplidos para una reconsideración del permiso…”.

Traicionado por su subconsciente el Sr. Suarez y su patrón, evidencian el control y la manipulación que están ejerciendo sobre aquellos que deberían ser sus reguladores. Además hacen alarde de su influencia en estamentos judiciales que nos resistimos a creer.

La utilización del término golpe de gracia retrata la actitud de matones que caracteriza, no solo los orígenes de ese grupo sino la manera con la que se comportan desde que se inició nuestro proyecto, que ejercen con absoluta impunidad y actuando, el sujeto que firma la carta, cual Hoffa caribeño.

Debe entender el Grupo Puntacana que sus actuaciones y las acciones llevadas por el IDAC en la exclusiva defensa de sus intereses, a quien ha asestado realmente un golpe de gracia es a la libre competencia, a la seguridad jurídica, al estado de derecho y a la continuidad del Estado en la República Dominicana. Lo que hoy celebra dicho grupo empresarial como un éxito de su alevosa autoría será verdaderamente lesivo a nuestro país, a sus ciudadanos y a los grandes esfuerzos del Gobierno del Presidente Abinader por atraer inversionistas internacionales y nacionales para que participen en nuevos proyectos privados y bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP).

La estrategia llevada a cabo por el IDAC para dilatar el inicio de la construcción y eventualmente introducir retroactivamente una serie de requerimientos adicionales para impedir la continuación de las obras de construcción del aeropuerto, quedaba evidenciada en la Resolución 17/20, de 29 de octubre de 2020, cuando en su Artículo 4, establecía …”Que una vez declarada la nulidad por lesividad del acto administrativo contenido en la comunicación núm. 2293, de fecha 11 de agosto de 2020, los promotores del Aeropuerto Internacional de Bávaropodrán reintroducir su solicitud por ante el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el cual podrá determinar sobre la realización de los estudios correspondientes y la solicitud de las opiniones pertinentes y, si procediese y se cumpliese con todos los requerimientos normativos y técnicos, disponer el otorgamiento de una nueva autorización para la construcción, operación y explotación económica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, de conformidad con la ley…”

Para ello el IDAC no ha dudado en contratar consultores internacionalesvinculados a sus abogados apoderados e iniciar un proceso de vistas públicas para modificar los requerimientos IDAC-DVSO-DCAA-01 REQUISITOS, Aprobación de Construcción y Clasificación de Aeródromos y Aeropuertos V 3.0, de fecha 17 de junio de 2018, en su parte relativa a Autorización de Construcción y Certificación para Aeródromo Doméstico, y V 4.0, de fecha 14 de enero de 2019, en lo relativo a la Autorización de Construcción y Certificación para Aeropuerto Internacional y establecer el nuevo marco regulatorio para la Autorización de Construcción de Aeropuertos, Aeródromos, Pistas y Helipuertos.

Esto ha sido materializado con la emisión, pese a la presentación de sucesivas objeciones por parte de Aeropuerto Internacional de Bávaro, de la Resolución Núm 030/021 Que aprueba la Orden 14001 de la Dirección de Vigilancia de la Seguridad Operacional SNA/AGA DVSO, donde se establecen los Requisitos para la Autorización de Construcción de Aeropuertos, Aeródromos, Pistas y Helipuertos, de fecha 12 de noviembre de 2021.

Con ello el IDAC pretende establecer retroactivamente una barrera de entrada a la competencia en el sistema aeroportuario nacional asegurando así la defensa de un monopolio, alineado con los intereses de Grupo Puntacana y Corporación Aeroportuaria del Este, en contra de las previsiones de la Ley 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, la libertad de empresa y la igualdad de oportunidades consagrada en nuestra Constitución.

Causa estupor, la nueva exigencia por parte del IDAC como requisito de aprobación previo y un requisito de inicio para la construcción de un aeropuerto, del establecimiento como única modalidad contractual entre el Estado y un promotor la firma de una Alianza Pública Privada (APP), desconociendo cualquier otro tipo de relación.

En ese sentido, la Sentencia núm. 0030-03-2022-SSEN-0012, de 28 de enero de 2022, se alinea con las tesis del IDAC, cuando en sus dispositivos 31 y siguientes hace referencia a la Ley 47-20, pese a que en su página 13, recoge como un hecho no controvertido el Contrato suscrito entre el Estado Dominicano, representado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Aeropuerto Internacional de Bávaro, AIB, S.A.S., celebrado en 28 de julio de 2020, que regula la relación entre ambas partes.

Estas referencias, emitidas de manera extra petita por el Tribunal, no son parte del debate sometido a su ponderación. Tampoco son parte de los requerimientos IDAC-DVSO-DCAA-01 REQUISITOS, Aprobación de Construcción y Clasificación de Aeródromos y Aeropuertos V 3.0, de fecha 17 de junio de 2018, en su parte relativa a Autorización de Construcción y Certificación para Aeródromo Doméstico, y V 4.0, de fecha 14 de enero de 2019, en vigor al momento de la solicitud de los permisos por parte de AIB.

Incluso, el propio IDAC, al publicar su Resolución Núm 030/021 Que aprueba la Orden 14001 de la Dirección de Vigilancia de la Seguridad Operacional SNA/AGA DVSO, donde se establecen los Requisitos para la Autorización de Construcción de Aeropuertos, Aeródromos, Pistas y Helipuertos, de fecha 12 de noviembre de 2021, a obviado publicar el Anexo A con las modificaciones.

Modificaciones cuya validez, por otra parte, el propio IDAC cuestiona, cuando ha procedido a someter, en 7 de febrero de 2022, el proceso IDAC-CCC-PEOR-2022-0001, Contratación de servicios técnicos-profesionales de asistencia legal, para representación y defensa del IDAC, con el objetivo, entre otros de proveer la Asesoría en la confección de Resolución que establece los requisitos para la autorización de construcción de aeropuertos, aeródromos, pistas y helipuertos: a los fines de evaluar, asesorar a la institución con relación a la redacción y sus consecuencias jurídicas y corregir las disposiciones establecidas en dicha resolución que sean necesarias.

Para ello, estará erogando RD$7,300,000.00 de fondos públicos, destinados única y exclusivamente a obstaculizar la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, en la defensa de un monopolio. Estos hechos que el Sr. Suárez omite en su comunicación, son los que son verdaderamente lesivos al interés público.

Recomiendo al Sr. Suárez y al Grupo Puntacana mayor prudencia. La sociedad de nuestro país, que reinicia el camino tras una grave crisis, señala y advierte indignada la manipulación y connivencia de grupos empresariales con el poder político, para lograr beneficios económicos injustos y blindar sus monopolios.

Conociendo como conozco las interioridades y ligerezas de quien representa el Sr. Suárez, les recomiendo detener sus abusos de poder, para evitar convertir Grupo Puntacana en sujeto de un estudio de caso por parte de toda la sociedad, sobre lo que representa, supone y constituye la evasión, el enriquecimiento ilícito a costa de fondos públicos, el fraude y la impunidad.

Hago al Sr. Suarez y a su patrón esta sincera recomendación, acerca de los procesos sociales que se avecinan en el mundo, porque estoy más que convencido de que serán comparables con la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Bolchevique de 1917, como consecuencia de las desigualdades y deuda social acumuladas que se han evidenciado ostensiblemente durante la pandemia. Hoy, el acceso a la información y la conciencia social, no permitirán que la ambición desmedida de un billonario y su monopolio pernicioso sean quienes orienten el futuro de una sociedad como la nuestra, ansiosa, necesitada de progreso y bienestar y dispuesta, más que nunca, a luchar por ello.

Debo confesar, señor director, que paso por un momento de confusión. No se que me motiva más, el desarrollo de un proyecto tan ilusionante y positivo para la región este y nuestro país como el Aeropuerto Internacional de Bávaro, o la oportunidad que me dan estos rufianes para desenmascarar y evidenciar una de las mayores farsas y simulaciones de la historia de la República Dominicana.

Agradeciendo su atención e interés a temas tan sensibles como son la seguridad jurídica y el abuso de poder político empresarial, quedo a su disposición para cualquier aclaración o soporte al contenido de esta comunicación.

Un cordial saludo,

Abraham Hazoury

Cortesia de Acento.com.do

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