“Nosotros tenemos una relación única con los Estados Unidos. Por eso es que yo estoy diciendo que ese es un acuerdo de cooperación” de los Estados Unidos con la República Dominicana, dijo Servio Tulio Castaños Guzmán
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los abogados y especialistas Olivo Rodríguez Huertas y Servio Tulio Castaños, junto a los magistrados eméritos del Tribunal Constitucional Jottin Cury, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez, expresaron puntos de vista diferentes sobre el tema de la preautorización, en conversaciones que sostuvieron en diferentes momentos con Acento. La magistrada Leyda Margarita Piña, emérita también, firmó el documento de advertencia contra el preclearance, pero no concedió entrevista.
Aunque controversial porque lleva casi cinco años en un tira y hala en el Tribunal Constitucional, no ha sido analizado en detalle por los medios de comunicación, ni sus protagonistas han querido realizar declaraciones, al margen de las cartas ya referidas por este diario o declaraciones superficiales que se han hecho a determinados periodistas.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, aceptó conversar con Acento sobre la temática, porque la considera positiva, pero sin haber profundizado en los detalles del acuerdo.
Castaños Guzmán dice que respeta y valora a los cuatro magistrados que han sostenido críticas al acuerdo de preautorización, pero rechaza de forma absoluta sus criterios.
La versión de Servio Tulio contra los mitos que se han creado
Para desmontar mitos, dijo, lo primero que hay que observar son los antecedentes de ese acuerdo. Explicó que la decisión del Tribunal Constitucional rechazando el acuerdo con la embajada de los Estados Unidos (Sentencia TC 0315/15), para ofrecer protección a funcionarios de la embajada de los Estados Unidos, motivó al gobierno a crear una comisión de juristas para blindar los nuevos acuerdos.
Dijo que para evitar otro rechazo el gobierno firmó el acuerdo de preautorización luego de que una comisión de juristas lo revisara. Entre los comisionados estaban Flavio Darío Espinal, César Dargan, Olivo Rodríguez Huertas y Nassef Perdomo, “cualquiera de ellos puede ser perfectamente presidente del Tribunal Constitucional”.
Aclaró que quien procura el acuerdo de prechequeo es el Estado Dominicano y no el Grupo Puntacana, porque el anterior gobierno tuvo la política de captar 10 millones de turistas por año, y la mayoría de esos turistas proviene de los Estados Unidos.
Dijo que a los turistas norteamericanos se les presentan situaciones de verse obligados a volar desde pequeñas poblaciones a ciudades como Nueva York o Miami, para poder viajar a República Dominicana. Y lo mismo les ocurre con el regreso. Con el acuerdo, informó, se resuelve esa dificultad, porque los viajeros podrían viajar desde pequeños aeropuertos directamente hacia Dominicana, como vuelo local, y a la vuelta sería igual, sin tener que acudir a un hub como Nueva York o Miami.
Explicó que en Estados Unidos habría 56 aeropuertos que podrían valor a la República Dominicana, y que para firmar como se hizo en diciembre de 2016, “se hizo un estudio de factibilidad”.
Sobre el anexo que contiene el acuerdo, y que trata bilateralmente el manejo de los refugiados, Servio Tulio dijo que no es violatorio de la soberanía como denuncian los jueces eméritos. “Lo primero es que todos los acuerdos tienen anexos, y ese anexo no viola la soberanía dominicana, porque lo que contiene el anexo es exactamente lo mismo que dice la convención internacional sobre refugiados de la que somos parte desde 1978”, dijo el vicepresidente de Finjus.
RD tiene la relación más sólida con Estados Unidos
Valoró como especial la relación de Estados Unidos con la República Dominicana, y la diferenció de la que tiene con España o con Corea del Sur. “Nosotros tenemos en EE.UU más de tres millones de dominicanos”.
Dijo que lo más beneficioso del acuerdo es que las autoridades norteamericanas, como tienen más recursos, información y tecnología, podrán determinar si hay terroristas o personas indeseadas para ese país que estén en la República Dominicana, le entreguen la información a las autoridades para que esa persona pueda ser apresada en el país. “Esa es una gran ventaja para la República Dominicana”, dijo el vicepresidente de Finjus.