Poder Ejecutivo emite decreto aprueba reglamento de aplicación de la Ley sobre de Ordenamiento Territorial

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Panorama Nacional. El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta Romero informó que el presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 396-25 la noche del lunes, mediante el cual se aprobó el Reglamento de aplicación de la Ley núm. 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

Este reglamento, cuyo borrador fue elaborado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y sometido oportunamente a vista pública, fue además socializado y discutido en un proceso liderado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, indica la nota de prensa.

Desde Higüey defienden la tesis de que Verón es un territorio que creció bajo su sombra, y que, por tanto, no puede pretender una autonomía absoluta sin reconocer la interdependencia histórica ni hacerlo parte de las riquezas que produce para solucionar problemas puntuales de los higüeyanos. Lo que hace doler la cabeza al municipio cabecera de La Altagracia, con 446,060 habitantes, es que separarse de Verón–Punta Cana implicaría un impacto económico demoledor para los ingresos del Ayuntamiento. No es para menos. El presupuesto de este año del cabildo de Higüey es de RD$910,000,000 millones, de los cuales el 40 por ciento (RD$364,000,000 millones) depende de los recursos provenientes de Verón–Punta Cana. De su lado, Verón reclama su autonomía municipal, con control total de sus ingresos y territorio, alegando que su alto nivel de desarrollo ya no le permite seguir como un distrito subordinado política y administrativamente a Higüey. Y las cifras de la industria turística así lo demuestran. La Asociación de Hoteles del Este (Asoleste) indica que en Punta Cana actualmente operan unas 51,000 habitaciones hoteleras, hay 3,000 en construcción y otras 3,500 proyectadas para los próximos tres años. “Además, contamos con un máster plan aprobado para casi 10,000 habitaciones adicionales que se desarrollarán en ese mismo período, y que continuarán creciendo en los próximos diez años”, apunta Ernesto Veloz, presidente de Asoleste. El informe “Inversión Turística Punta Cana-Bávaro”, presentado en marzo de este año por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur), revalida el grado de expansión que experimenta esta zona, al consolidar a La Altagracia como el principal destino de inversión turística e inmobiliaria del país. El estudio precisa que en el período 2023-2024 Confotur otorgó clasificaciones definitivas a 129 proyectos (hoteles y desarrollos inmobiliarios) distribuidos en 12 destinos, con una inversión total de US$5,791.5 millones. De ese monto, US$3,172.7 millones (el 55% del total nacional) están destinados a 77 proyectos en La Altagracia, que en conjunto contemplan la construcción de 17,174 habitaciones. Este crecimiento incuestionable, más los requisitos de ley que cumple con creces, empuja a Verón-Punta Cana a exigir que el Congreso Nacional apruebe sin dilaciones el anteproyecto de ley que propone elevarlo a la categoría de municipio. Según el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, esta comunidad tiene una población de 138,919 habitantes, cifra que actualmente supera la suma total de 28 municipios del país. Sin embargo, al margen de esa iniciativa legislativa, de la autoría del senador altagraciano Rafael Barón Duluc, el epicentro de este debate es el derecho que reclama Verón–Punta Cana para establecer y gestionar su propia Oficina de Planeamiento Urbano. A través de esta oficina, el distrito turístico podría conceder y cobrar permisos de construcción, así como imponer arbitrios y tasas por servicios municipales.

Puntualiza que participaron importantes instituciones del gobierno, como los ministerios de la Presidencia, Turismo, Vivienda y Edificaciones; representantes de asociaciones vinculadas a temas municipales, así como sectores del ámbito empresarial que serían impactados por esta norma.

Entre los aportes significativos que ofrece este reglamento, se destacan la obligatoriedad de los gobiernos locales de diseñar y aprobar planes de ordenamiento territorial que permitirán una gestión mas eficiente del uso de suelo de las demarcaciones municipales, al obligar a las oficinas municipales de planeamiento urbano, otorgar la autorización para desarrollar proyectos de infraestructura compatibles con la naturaleza de los tipos de suelo de cada municipio.

Asimismo, en los espacios con vocación para el desarrollo de proyectos turísticos, se requerirá la aprobación tanto del permiso de uso de suelo del gobierno local, como también la certificación de no objeción del Ministerio de Turismo para la viabilidad del proyecto en cuestión.

Igualmente, se establece en el reglamento que el Ministerio de Hacienda y Economía será la autoridad competente para certificar cuáles distritos municipales cumplen con los requisitos del párrafo I del artículo 24 de la referida Ley núm. 368-22, para la gestión del uso de suelo en su respectiva demarcación territorial.

Tanto la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, como su reglamento de aplicación, son iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, que buscan mediante la planificación estratégica y gestión participativa del uso de suelo, propiciar el desarrollo integral y equilibrado de los municipios acorde con las potencialidades, expectativas y aspiraciones de sus respectivaspoblaciones, que le garanticen las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida.

Fuente: ANORAMA.

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