La Corte Suprema no le permitirá al gobierno del presidente Joe Biden implementar una política que da prioridad a la deportación de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que representan el mayor riesgo a la seguridad pública.

La orden del jueves congela la medida a nivel nacional por el momento. La decisión se logró por 5 votos a favor y 4 en contra, y en estos últimos la jueza conservadora Amy Coney Barrett se sumó a los liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson al afirmar que le habrían permitido al gobierno de Biden implementar la político.La corte también anunció que escucharía argumentos en el caso, señalando que lo haría a fiEs el primer voto público que emite Jackson desde que se sumó al máximo tribunal el 30 de junio después del retiro del juez Stephen Breyer.Los jueces dieron a conocer su decisión luego de que el gobierno solicitara la intervención de emergencia de la corte tras fallos contradictorios de tribunales federales de apelaciones en torno a una directiva emitida por el Departamento de Seguridad Nacional en septiembre, con la cual se pusieron en pausa las deportaciones a menos que se traten de individuos que hubieran cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.

La corte federal de apelaciones en Cincinnati revocó este mes la orden de un juez de distrito que suspendió la medida en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana.Pero en una demanda distinta interpuesta por Texas y Luisiana, un juez federal en Texas contrarrestó la suspensión nacional de la directriz y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans se negó a intervenir.La orden del juez equivale a “una reforma a nivel nacional de las prioridades policiales del poder ejecutivo impuesto judicialmente”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en una presentación judicial. Prelogar es la principal abogada del gobierno ante la Corte Suprema.