En 2013 se logró el cometido de una lucha de varios años. Con marchas, debates, apoyo de los medios de comunicación y manifestaciones de distintos sectores de la sociedad dominicana, se obtuvo el 4 % para la educación y más adelante la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa.

Con este acuerdo no se buscaba más que una educación pública de calidad lograda con la aplicación de los porcentajes establecidos en el apartado financiamiento de la Ley General de Educación, poco tomado en cuenta desde 1997, cuando fue emitida. El tema ha regresado a la palestra nueve años después de aquel hito que correspondía por ley a la población preuniversitaria dominicana. El anuncio de la reducción del presupuesto tan exigido ha reavivado la preocupación de que se retorne a bajas inversiones con menores resultados de los que se obtienen actualmente.

Para entonces, el gobierno dominicano aportaba a la educación pública alrededor de un 2.4% del producto interno bruto (PIB), según publicaciones de la época en medios impresos. Mientras cientos exigían la aplicación del 4 %, tal como lo estipula la Ley 66-97, el gobierno aducía que se dificultaba la aplicación de lo establecido por la situación financiera de aquel momento, ya que presentaban en esos años más gastos que ingresos.Este argumento no fue suficiente para que, en los meses posteriores, personas de todas las edades y sin importar condiciones físicas o sociales, se unieran para asegurar el futuro de la población joven. Vestían prendas amarillas cada lunes, portaban pancartas, sombrillas y gorras, entre otros objetos alusivos a la petición, hasta hacer suficiente mella para que líderes políticos se comprometieran en su consecución.

Se logró!Algunos de los compromisos concertados en aquella firma, a la que accedieron organizaciones gubernamentales y privadas, sindicatos, grupos de la sociedad civil, universidades e instituciones religiosas; eran la reinserción, la superación de la exclusión y el abandono escolar, la construcción de aulas, la contratación de maestros y la mejora de su salario.Con la inversión aprobada por el entonces presidente de la República, Danilo Medina (2012-2016; 2016-2020), se impulsó la política de atención integral a la primera infancia y alfabetización, fue actualizado el currículo por competencias y se implementó la tanda extendida en las escuelas. Asimismo, se construyeron miles de planteles escolares con comedores para el acceso de más estudiantes.

No obstante, pese a lo logrado y la inversión de los últimos años, el país ha continuado en niveles bajos dentro de las más reconocidas pruebas de nivel educativo en la región.Tal es el caso del informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o prueba PISA, que se realiza cada tres años. Los resultados de 2018, publicados a finales de 2019, presentaron un declive en cuanto a Ciencias, Lectura y Matemáticas.Y en cuanto a infraestructuras, el déficit de espacios llevó este año, como en otras ocasiones, a recurrir al alquiler de locales y espacios para impartir la docencia.

Ante esta realidad, el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, reconoció que aunque el monto de inversión es elevado, el impacto resulta bajo en los aprendizajes de los estudiantes. A pesar de lo preocupante que puede resultar esa situación, el gobierno propuso recientemente la modificación del Presupuesto General del 2022, en el cual se propone disminuir las apropiaciones de gastos de varios ministerios, entre ellos el de Educación.Con lo obtenido se espera hacer traspasos a 15 instituciones del Estado para completar las ejecuciones presupuestadas para este año; pero ayer el gobierno planteó, durante una reunión con diversas instituciones y ante el reclamo de organizaciones, que el porcentaje destinado a la educación no será tocado.

Sin embargo, en esta ocasión, según participantes del encuentro a puertas cerradas, Peña ordenó a los ministros de Educación y Hacienda que busquen proyectos en los cuales serían utilizados los RD$4,250,412,667 que se estarían restando al presupuesto educativo.

La legislación orgánica número 66-97 indica además que estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin pérdida de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI).Estas informaciones están en el Título X sobre el financiamiento de la educación.